Asesoría Legal

Propuesta Cívica A. C. es una organización de la sociedad civil mexicana sin fines de lucro que tiene como uno de sus objetivos contribuir a la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en riesgo, a partir de estrategias legales y la incidencia en políticas públicas para mejorar su seguridad.
En este espacio, Propuesta Cívica ofrece asesoría y protección legal para periodistas. Puedes escribir aquí tu duda o petición de apoyo en los siguientes temas, y ésta será respondida por especialistas de la asociación.

• Respuesta a dudas de índole jurídica que tengan periodistas en el país sobre su trabajo o protección.
• Interposición y seguimiento de denuncias por parte de periodistas en riesgo ante autoridades ministeriales, judiciales y organismos autónomos de derechos humanos (CNDH o comisiones estatales de derechos humanos) sobre hechos que atenten en su contra y que estén relacionados a su profesión.
• Asesoría y representación ante denuncias o demandas interpuestas en contra de periodistas relacionadas a sus actividades a favor de la libertad de expresión.
• Solicitud de medidas de protección ante el Mecanismo para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Gobierno Federal.

 

 ¿Qué debo hacer si recibo amenazas en forma verbal o por medio de llamadas, correos eletrónicos o mensajes en mi contra, hacia colaboradores o hacia familiares?

En caso de recibir una amenaza, se debe guardar un registro de ésta (sea una impresión de pantalla, número telefónico y registro de la hora y duración de la llamada), con la finalidad de tener evidencia.

Posteriormente, hay que acudir ante el Ministerio Público para denunciar los hechos con la evidencia de las amenazas recibidas. Si no es la primera amenaza y existe una denuncia previa, debe registrar el evento y acudir con la autoridad que conoce de la investigación inicial.


¿Qué hacer en caso de lesiones?

Hay que acudir ante las autoridades para denunciar las agresiones, de preferencia en compañía de un abogado o asesor legal. Para realizar la denuncia debe tratar de mencionar los elementos importantes, tales como: lugar de los hechos, en qué momento del día ocurrió y el número de personas que intervinieron (si es posible, dar una descripción física de los agresores).

Una vez que se encuentra en la agencia del Ministerio Público, debe solicitar que se practique un examen médico antes de presentar su denuncia. El examen debe ser exhaustivo y debe detallar cuáles fueron las heridas provocadas y su gravedad. En caso de que el examen médico no sea practicado o sea insuficiente, puede presentar otro examen practicado por médico particular o de institución médica en el cual se acredite la gravedad de las heridas.

Si la gravedad de las lesiones no permite a la víctima acudir ante la autoridad para denunciar, el primer paso es asistir a un centro de salud para que las heridas sean atendidas y que una persona cercana denuncie los hechos ante el Ministerio Público en compañía de un abogado o un asesor legal. Posteriormente, puede presentarse la denuncia de la víctima por escrito si su estado de salud lo permite.


 

¿Qué hacer en casos de violencia sexual por motivo de mi trabajo?

Si se conoce o se es víctima de una agresión sexual, lo primero que debe realizarse es un acompañamiento psicológico con previo consentimiento. Posteriormente, debe acudirse ante el Ministerio Público, en compañía de un abogado o asesor legal y del psicólogo que apoye a la víctima en el acompañamiento. Lo anterior con la finalidad de que la declaración sea tomada con un riesgo menor de revictimización por parte de la autoridad.

Una vez que se encuentre ante el Ministerio Público, el agente solicitará al médico legista para que practique un examen médico a la víctima. La persona puede negarse a realizar el examen médico si en esos momentos es su deseo. Posteriormente puede presentarse un certificado médico practicado por un profesional de confianza donde determine el estado físico y psicológico de la víctima.

En caso de que la investigación y el proceso penal continúen, debe evitarse a toda costa que la víctima participe más veces de las necesarias. Además, deben pedirse adecuaciones procesales para careos o testimonios donde la víctima tenga que afrontar al agresor.

Es frecuente que las víctimas de agresiones sexuales no denuncien ante las autoridades en ese momento o inclusive oculten la agresión. En esos casos, es importante respetar la decisión de la persona de no denunciar y acompañarla en caso de que cambie de opinión.


 

¿Qué debo hacer para dar seguimiento a la denuncia que presenté ante el Ministerio Público?

El periodismo es una profesión que requiere de mucho esfuerzo y dedicación. Por ende, resulta comprensible que sea difícil acudir diario ante el agente del Ministerio Público para exigir que la investigación continúe. No obstante, es importante darse un tiempo para acudir al menos una vez a la semana ante la autoridad y conocer los avances o retrocesos en los procesos de investigación. De igual forma, debe acudir ante la autoridad cuando tenga conocimiento de nuevos elementos de prueba.

Lo anterior es importante cuando las amenazas, hostigamientos y agresiones son continuos.


 

Si hace años mi familia o yo fuimos víctimas de tortura por mi oficio periodístico, ¿aún estamos a tiempo de presentar una denuncia ante Ministerio Público?

La tortura abarca todo acto “intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos “tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”. (Artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura)

La tortura constituye una grave violación a derechos humanos que debe ser investigada desde el momento en que cualquier autoridad conozca de una denuncia o de posibles hechos constitutivos de tortura.

Desafortunadamente en México carecemos de un marco legal que sea acorde con los estándares para prevenir, investigar o sancionar actos de tortura. Además, es difícil determinar si cada una de las entidades federativas  contempla la tortura como  un delito.

En el caso del Distrito Federal, por ejemplo, el delito de tortura no prescribe. Es decir, la víctima puede presentar una denuncia ante el Ministerio Público sin que éste pueda negarse a conocer de los hechos por el paso del tiempo e inclusive puede enviar el caso ante una autoridad judicial.

Debe visibilizarse cualquier acto de tortura cometido durante la detención o durante la etapa de investigación ante Ministerio Público. Esto puede hacerse en el momento de la investigación ante el Ministerio Público o durante la primera declaración ante el Juez penal (mejor conocida como declaración preparatoria). Lo anterior da oportunidad a la autoridad de emprender acciones al respecto o de inconformarse en el caso de inactividad.


 

¿Qué debo hacer si mi agresor o la autoridad que trata de intimidarme me acusan de los delitos que atentan contra el honor?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han determinado que esos delitos son restricciones que no son proporcionales a la libertad de expresión y, por ende, deben ser suprimidos del marco normativo mexicano.

Para prevenir el inicio de un proceso penal en contra del periodista por delitos contra el honor, se debe presentar un juicio de amparo en contra del artículo del Código Penal que contempla el delito contra el honor.

Si el proceso penal ha iniciado en contra del periodista, es recomendable que uno de los argumentos principales de la defensa legal se encuentre encaminado a combatir la integración de los elementos del delito, debido a que su regulación es muy abierta.

Lo anterior no exenta de los procesos que el agresor pueda abrir en el ámbito civil por daño moral.


 

¿Qué sucede si el Ministerio Público u otras autoridades piden revelar parte de mi investigación o mis fuentes para la persecución de otros delitos cometidos por mi agresor o para la investigación de otras personas relacionadas?

Para contestar a esta pregunta debemos acudir a la ética profesional del periodista.

No existe un código único o internacional de ética periodística. Sin embargo, muchos códigos de ética y manuales de edición señalan que la regla general para el periodista es publicar las fuentes que usó para su investigación. La excepción a la regla general es cuando existe un pacto de confidencialidad entre el periodista y la fuente. Este pacto se otorga cuando la divulgación de la información pone en riesgo a la fuente (su vida, su trabajo o su familia, por ejemplo).

Hay que mencionar que no está prohibido colaborar con las autoridades en la investigación de delitos. Sin embargo, en la ponderación que haga el periodista debe considerar la responsabilidad que tiene ante la sociedad (por su labor periodística) y con la fuente (pues diversos aspectos de su vida pueden encontrarse en juego).

Por otro lado, ningún derecho del periodista como víctima u ofendido de un delito puede verse restringido, condicionado o vulnerado por el hecho de no divulgar una fuente ante la autoridad investigadora. En caso de que la autoridad investigadora amenace o agreda  directamente al periodista o a sus conocidos para que revele la información, pueden realizarse las siguientes acciones:

  1. a) Reportarlo al mecanismo de protección (en caso de ser beneficiario) o a la comisión de derechos humanos correspondiente (sea estatal o la CNDH);
  2. b) Si la autoridad es del orden estatal o municipal, solicitar que la Fiscalía especializada de la PGR continúe con la investigación; y
  3. c) Que se inicie una nueva investigación en contra del servidor público que amenazó y agredió al periodista.

 


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